La crisis económica que vive Bolivia no solo afecta a sus ciudadanos, sino que también golpea a las poblaciones peruanas en la frontera, como Desaguadero y Yunguyo. La devaluación del boliviano, la escasez de dólares y el incremento del contrabando están alterando el comercio, el transporte y la seguridad en la zona limítrofe.

En las últimas semanas, varios productos importados desde Bolivia han subido de precio en los mercados del lado peruano. A la par, comerciantes reportan una caída en las ventas, pues los compradores bolivianos han reducido sus adquisiciones por la pérdida de poder adquisitivo.

César Ordoñez, director de Economía de la Universidad Científica del Sur, explicó que la inflación en Bolivia, cercana al 20 % anual, responde a la escasez de dólares y la reducción de sus reservas internacionales. La falta de capacidad para sostener su moneda y las dificultades para importar bienes esenciales obligan a muchos bolivianos a cruzar hacia Perú para abastecerse, lo que incrementa la presión sobre productos como pollo, aceite, arroz, azúcar y cemento.

La crisis se agrava con la falta de combustible, que encarece el transporte y limita el flujo de mercancías. La inestabilidad política en Bolivia y la pérdida de confianza en su economía generan un escenario incierto para el comercio binacional.

Según el excanciller Javier González-Olaechea, el panorama es de “extrema gravedad” y los sectores más golpeados son la producción, el transporte y el comercio. El contrabando opera en ambas direcciones: bolivianos adquieren productos más baratos en Perú para revenderlos en su país, mientras que gas boliviano subsidiado ingresa ilegalmente a territorio peruano.

Uno de los riesgos más serios es el auge del comercio ilegal, desde alimentos hasta oro extraído ilegalmente en Perú que se exporta como boliviano. La porosidad de la frontera de 1.047 kilómetros facilita este flujo sin control aduanero.

Ejemplos cotidianos ilustran la diferencia de precios: 10 panes cuestan S/ 1,20 en Bolivia, pero pueden venderse a S/ 3,50 en Perú. Esta brecha alimenta nuevas rutas de contrabando, a lo que el gobierno boliviano responde con mayor control militar para evitar la salida de productos subsidiados.

La ausencia de presencia estatal en ciertos puntos de la frontera incrementa la inseguridad y facilita actividades ilícitas. A mediano plazo, expertos advierten sobre una posible ola migratoria hacia Perú si la crisis boliviana se profundiza, lo que impactaría en servicios como salud, educación y vivienda.

En el corto plazo, se prevé un aumento del contrabando y una contracción del comercio formal, afectando las cadenas de abastecimiento que dependen de Bolivia. Las autoridades peruanas alertan que la combinación de inflación, contrabando y escasez podría provocar más conflictos, por lo que recomiendan reforzar la vigilancia y el control aduanero.

El Estado peruano enfrenta así el reto de proteger a las comunidades fronterizas sin frenar por completo la actividad económica que les da sustento, mientras la crisis boliviana se convierte en un problema de interés nacional que exige coordinación entre ministerios, gobiernos regionales y la diplomacia internacional.