El 14 de agosto, un ciudadano venezolano fue asesinado a plena luz del día en la Plaza San Martín, a escasos cinco minutos de Palacio de Gobierno, frente a su esposa e hija. Según las primeras investigaciones, la víctima, identificada como Jesús Martínez Urbano (21), fue interceptada por un grupo de sicarios que le dispararon a corta distancia en reiteradas ocasiones.

Pese a que la zona cuenta con presencia policial, serenazgo municipal, iluminación y cámaras de vigilancia con inteligencia artificial, el ataque se perpetró con total impunidad. Martínez Urbano fue auxiliado por transeúntes y efectivos policiales, y trasladado de emergencia al Hospital 2 de Mayo, donde falleció minutos después debido a la gravedad de sus heridas.

El Ministerio del Interior se pronunció recién al día siguiente, señalando que el crimen estaría vinculado a disputas por el control de la venta ilegal de drogas en la zona. Agentes de criminalística e inteligencia realizan las pesquisas para identificar y capturar a los responsables.

Mientras tanto, la presidenta Dina Boluarte ha mantenido silencio. Según el portal de Transparencia, no tuvo actividades públicas desde Palacio el día del ataque. Su primera aparición fue al día siguiente, durante un viaje a Santa Rosa de Loreto, donde no se pronunció sobre este ni otros hechos recientes de violencia, como el atentado con dinamita en Trujillo.

El gobernador de La Libertad, César Acuña, solicitó declarar estado de sitio en Trujillo y pidió al Congreso aprobar la cuestionada Ley de Terrorismo Urbano. Sin embargo, para el exministro del Interior Rubén Vargas, estas propuestas son “medidas populistas” que ocultan la falta de resultados: “Es patético ver a nuestra clase política que, frente al desborde criminal y para eludir su responsabilidad, recurre a discursos demagógicos de aparente mano dura, que esconden su fracaso”.