Durante la audiencia pública sobre los casos Barrios Altos y La Cantuta contra el Perú, realizada en Costa Rica, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero Ochoa, advirtió que el Estado peruano se encuentra en nuevo desacato frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), tras la promulgación de la Ley de Amnistía que beneficia a militares, policías y miembros de comités de autodefensa procesados por violaciones a los derechos humanos.

Caballero recordó que el incumplimiento peruano no es un hecho aislado, sino parte de un patrón de desobediencia a resoluciones y medidas provisionales dictadas por la Corte en los últimos años. En 2023, el Estado restituyó el indulto a Alberto Fujimori pese a la prohibición expresa del tribunal, y en 2024 aprobó la Ley 32107 que disponía la prescripción de crímenes de lesa humanidad.

En julio de 2025, la Corte dispuso que se suspendiera cualquier trámite sobre el proyecto de amnistía a militares y policías. Sin embargo, el 13 de agosto el Congreso aprobó y el Ejecutivo promulgó la norma, configurando un nuevo desacato.

Por su parte, la presidenta de la Corte IDH, Nancy Hernández López, subrayó que las medidas provisionales contra el Estado peruano siguen plenamente vigentes. Entre ellas, la orden de dejar sin efecto la Ley 32107 y la disposición de abstenerse de aplicar cualquier amnistía relacionada con crímenes de lesa humanidad hasta que el tribunal se pronuncie de manera definitiva.

La Corte también recordó al Perú que está prohibido ejercer represalias contra víctimas, testigos, abogados o familiares que participan en el proceso, advirtiendo que cualquier acción en ese sentido constituiría una violación adicional a sus obligaciones internacionales.