El abogado de Betssy Chávez, Raúl Noblecilla, denunció a través de redes sociales que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ha devuelto el expediente de traslado de la exministra, quien lleva cuatro días en huelga de hambre. Según Noblecilla, la jefa de seguridad del penal Anexo Mujeres de Chorrillos, quien ha sido señalada en una denuncia por presunta vinculación a una organización criminal, será la encargada de evaluar el traslado de su defendida. Esta decisión, indicó el abogado, no solo retrasa el proceso, sino que agrava aún más el estado de salud de la exfuncionaria, poniendo en peligro su vida.

“Es claro que el régimen busca eliminar a Betssy Chávez. La han sentenciado a muerte”, escribió Noblecilla en su cuenta de X (anteriormente Twitter), alertando sobre el riesgo inminente que corre la exministra debido a la falta de atención y el prolongado ayuno.

El abogado también destacó que la medida de devolver el expediente de traslado obedece a una maniobra burocrática, pues la documentación fue devuelta al INPE con la recomendación de que se elabore un nuevo informe técnico por parte de la jefa de seguridad. Según Noblecilla, este proceso innecesario está retrasando el traslado de Chávez a un penal donde no corra el riesgo de abusos.

Por su parte, el INPE ha emitido un comunicado en el que confirma que Betssy Chávez ha rechazado repetidamente los controles médicos, a pesar de las advertencias sobre las graves consecuencias de su huelga de hambre. El INPE indicó que la exministra no permitió que se tomaran sus signos vitales y que, tras ser informada de los riesgos, firmó un consentimiento informado, rechazando nuevamente la atención médica en una segunda visita.

En cuanto a su estado de salud, un informe médico del INPE detalló que la situación de Betssy Chávez es crítica, advirtiendo que le quedarían apenas dos días de vida si no recibe alimentos. A pesar de ello, la exministra continúa con su huelga de hambre, desafiando las advertencias de las autoridades penitenciarias.

Esta situación ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional, poniendo en el centro del debate la salud y los derechos humanos de Betssy Chávez mientras permanece bajo prisión preventiva por su participación en el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022.