La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ratificó que la Ley de Amnistía, aprobada en Perú para beneficiar a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y funcionarios del Estado procesados o condenados por hechos vinculados a la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000, es inaplicable por violar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El tribunal recordó que compete al Estado en su conjunto Ejecutivo, Legislativo, Judicial y operadores de justicia ejercer el control de convencionalidad y abstenerse de aplicar dicha norma hasta que se emita un pronunciamiento definitivo sobre el fondo del caso.

El pronunciamiento se dio en el marco de la supervisión de cumplimiento de las sentencias por los casos Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), cometidos por el destacamento militar Colina. La Corte señaló que conceder amnistía o prescripción a delitos considerados de lesa humanidad supondría un incumplimiento grave, pues haría ilusorio el derecho de acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares. Cabe recordar que ya en julio de 2024 el tribunal había ordenado al Perú abstenerse de dar vigencia a normas que pretendieran extinguir responsabilidades por estos crímenes.

La resolución ha sido cuestionada por el Gobierno peruano. En un comunicado oficial difundido el 6 de septiembre de 2025, la Presidencia de la República calificó de “inaceptable” la decisión de la Corte IDH, alegando que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es de carácter subsidiario y no puede intervenir mientras no se agote la jurisdicción interna. Asimismo, el Ejecutivo reafirmó que el Perú es un país soberano y democrático que ha mostrado compromiso con dicho sistema, pero advirtió que evaluará su permanencia en la Corte IDH.

Por su parte, los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta expresaron su rechazo a la Ley de Amnistía, reiterando que esta vulnera gravemente sus derechos y la memoria de quienes fueron asesinados y desaparecidos en aquel periodo de violencia.

En paralelo, el escenario político peruano también se mueve de cara a las elecciones de 2026. El Partido Popular Cristiano (PPC) anunció que participará en alianza, reafirmando su línea conservadora, provida y defensora de la economía social de mercado. Asimismo, el FREPAP se alista con un discurso de corte conservador y un enfoque centrado en el agro.