La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó ante la Corte Suprema un requerimiento para que se declare ilegal al partido Fuerza Popular y se disponga su exclusión de las elecciones generales del 2026.

El pedido se fundamenta en que la organización liderada por Keiko Fujimori habría vulnerado el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), al incurrir en “actividades contrarias a los principios democráticos”, entre ellas la vulneración sistemática de libertades y derechos fundamentales.

Según el documento fiscal, Fuerza Popular no solo promovió discursos y acciones contra instituciones del Estado, sino que también legitimó prácticas de violencia política, hostigando a opositores, periodistas y defensores de derechos humanos.

Como medida complementaria, la Fiscalía solicitó el cierre de los locales partidarios a nivel nacional y la prohibición de que la agrupación pueda reinscribirse en el futuro, con el fin de evitar la continuidad de conductas que según la acusación atentan contra el sistema democrático.

El requerimiento identifica cuatro grandes conductas antidemocráticas atribuidas a Fuerza Popular:

Persecución y hostigamiento contra jueces, fiscales, funcionarios electorales y opositores políticos.

Expulsión y exclusión interna de congresistas y aliados que discrepaban de la dirección del partido, como Kenji Fujimori.

Reinterpretación y minimización de crímenes cometidos durante el conflicto armado interno, mediante discursos y propuestas legislativas que favorecían la impunidad.

Legitimación de la violencia política, expresada en la narrativa del “fraude electoral” de 2021 y en la cercanía con colectivos radicales como La Resistencia.

De prosperar este pedido, Fuerza Popular quedaría sin inscripción y fuera del escenario electoral del 2026, marcando un precedente en la historia política del país.