En medio de un contexto económico adverso para la mayoría de peruanos, los altos funcionarios del Estado recibirán significativos incrementos salariales desde diciembre. Los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) pasarán de percibir S/35,017 a S/42,717, según una resolución interna amparada en la Ley N.° 32408, aprobada por el Congreso, que además beneficia a otros cargos como el secretario general, jefe de gabinete de asesores, procurador público y director general de administración.
Esta disposición fue posible gracias a la inclusión del TC dentro del régimen laboral de la actividad privada, junto al Congreso, el Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. De esta manera, el TC —bajo la presidencia de Luz Pacheco— podrá fijar de forma autónoma su propia política de recursos humanos y escala remunerativa.
La nueva escala considera aumentos para siete magistrados y 35 funcionarios. Entre los más destacados:
Magistrado del TC: de S/35,017 a S/42,717
Secretario General: de S/22,500 a S/27,000
Jefe de Gabinete de Asesores: de S/17,500 a S/21,000
Procurador Público: de S/17,500 a S/21,000
Director General de Administración: de S/20,000 a S/24,000
Paralelamente, el Ejecutivo aprobó mediante Decreto Supremo del Ministerio de Economía y Finanzas un reajuste salarial de entre 85% y 100% para los funcionarios del Servicio Diplomático de la República. Así, el sueldo de un embajador se elevará de S/10,600 a S/20,000, mientras que los demás rangos también recibirán incrementos sustanciales:
Ministro: de S/9,500 a S/18,000
Ministro Consejero: de S/8,400 a S/16,000
Consejero: de S/7,500 a S/14,000
Primer Secretario: de S/6,700 a S/12,000
Segundo Secretario: de S/6,000 a S/10,000
Tercer Secretario: de S/5,300 a S/8,000
Según el MEF, el aumento se financiará con el presupuesto institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, aunque no se ha aclarado si esto implicará recortes o reasignaciones internas para cubrir los nuevos montos.
Mientras tanto, el congresista Américo Gonza (Perú Libre) presentó un proyecto de ley que busca equiparar los sueldos de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) al de un juez supremo con más de cinco años en el cargo, es decir, alrededor de S/42,700 mensuales. La propuesta cuenta con el respaldo de otros legisladores, quienes justifican el incremento por el “nivel de especialización y responsabilidad del cargo”.
Sin embargo, el planteamiento ha sido duramente criticado por sectores sociales y analistas, que lo consideran una muestra más de desconexión entre la élite política y la realidad nacional, marcada por bajos sueldos, desempleo y falta de recursos para los servicios públicos.
Mientras maestros, médicos, policías y trabajadores del Estado esperan hace años una mejora en sus ingresos, las más altas autoridades del país se autoasignan aumentos, consolidando una cultura de privilegios en lugar de austeridad.