El expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones, presentó una denuncia penal contra los 100 congresistas que votaron a favor de su vacancia el 7 de diciembre de 2022, tras el fallido intento de golpe de Estado que él mismo encabezó.

Según su defensa, representada por el Estudio Jurídico Adrianzen, la decisión del Pleno del Congreso habría sido irregular, ya que afirman no se alcanzó el quórum mínimo de 104 votos establecido en el artículo 89-A, inciso c, del Reglamento del Parlamento. En el acta de votación solo se registraron 101 sufragios.

Castillo también alega que se vulneró su derecho a la defensa, señalando que “no tuve abogado particular ni de oficio” durante el proceso parlamentario. Por ello, acusa a los legisladores de haber incurrido en abuso de autoridad, conforme al artículo 376 del Código Penal.

La denuncia incluye a la expresidenta Dina Boluarte Zegarra, a quien Castillo acusa de haber aceptado ilegalmente la presidencia, configurando el presunto delito de aceptación ilegal de cargo público (artículo 381 del Código Penal). Sin embargo, cabe recordar que Boluarte asumió el mando en su condición de vicepresidenta, conforme a la sucesión constitucional establecida en la Carta Magna.

En paralelo, el pasado 12 de noviembre, Pedro Castillo fue confirmado como candidato al Senado para las Elecciones Generales de 2026, bajo el partido Juntos por el Perú, que lo inscribió como número uno en su lista nacional.

Con esta nueva ofensiva legal y política, el exmandatario busca reivindicar su salida del poder y retomar protagonismo en la escena política, pese a enfrentar un proceso judicial por rebelión que podría dejarlo inhabilitado políticamente.