El alcalde de la provincia de Pataz, Aldo Carlos Mariños, fue intervenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) mientras participaba en la denominada “marcha de sacrificio” hacia Lima. El incidente ocurrió en el tramo de la carretera Panamericana Norte, a la altura del distrito de Samanco, en la provincia del Santa, región Áncash. Durante la detención, Mariños denunció que la intervención fue arbitraria y de naturaleza política, responsabilizando a la presidenta Dina Boluarte y al gobernador César Acuña por su seguridad. “La Policía nos persigue. Anoche tuvieron que evacuarme. Si algo me sucede, los responsables son Dina Boluarte y Acuña”, afirmó.

En el operativo, el alcalde y su comitiva, que incluía ronderos locales, fueron trasladados a la comisaría de Buenos Aires en Nuevo Chimbote. Según la versión policial, se hallaron armas de fuego en posesión de Mariños y otros participantes, presuntamente pertenecientes al equipo de seguridad del alcalde. Sin embargo, la defensa del municipio sostiene que toda la documentación relacionada con las armas estaba en regla. Mariños aclaró que cuando fue intervenido, el arma se encontraba dentro de su camioneta y que todo estaba debidamente licenciado. “La Policía dijo que tenía información de que yo portaba un arma, pero cuando me intervinieron, el arma estaba en la camioneta. Fue un abuso”, subrayó.

Además, en declaraciones a RPP, Mariños acusó a la Policía de tener “una mala intención de dañar mi imagen”, y afirmó que la presencia de medios de comunicación evitó que se cometiera un atropello mayor en el acta policial. “Ese comisario de Buenos Aires no puede cometer un abuso”, manifestó.

Por su parte, Santos Quispe, presidente de la Central Única de Rondas Campesinas, calificó la intervención como un abuso estatal y denunció el uso indebido de procedimientos por parte de los efectivos policiales.

La movilización de Mariños hacia Lima tenía como objetivo exigir al gobierno central el cumplimiento de compromisos pendientes, tales como la construcción del hospital en Tayabamba, el asfaltado de vías en la provincia de Pataz, mejoras en seguridad y atención diferenciada para las zonas rurales. Mariños acusó tanto al gobierno nacional como al regional de incumplir los plazos pactados: “La presidenta se comprometió a entregarnos el expediente técnico en diciembre de 2024, no cumplió; luego dijo que sería en julio… y nos volvieron a engañar. Somos los principales productores de oro y no tenemos hospital. Nuestra gente se muere de dolor… Esta es una marcha pacífica y justa”, concluyó.