El fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, encendió las alarmas institucionales al anunciar que en las próximas semanas desactivará los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos, Eficcop y EFICAVIP, además del Equipo Especial de Derechos Humanos. La decisión proviene de un funcionario que aún está investigado por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, generando un evidente conflicto de interés y poniendo en riesgo investigaciones cruciales.

Gálvez indicó que la propuesta será revisada por la Junta de Fiscales Supremos; sin embargo, lanzó una advertencia que revela un talante autoritario: “Si no lo hace la junta, lo hago yo”, afirmó, subordinando la institucionalidad a su voluntad personal. Incluso relativizó los plazos con declaraciones improvisadas como “los próximos días pueden ser 600 días”, profundizando la incertidumbre sobre la medida.

El fiscal interino sostuvo que los equipos “ya cumplieron su ciclo”, pese a que estos continúan investigando casos de alto impacto, como los sobornos de Odebrecht a expresidentes y funcionarios, los procesos contra autoridades vinculadas a redes de corrupción estatal, y las muertes durante las protestas de 2022 y 2023, que alcanzan a la presidenta Dina Boluarte.

No es la primera vez que Gálvez intenta eliminar estos grupos: previamente los acusó de “politización” y “persecución”. Sin embargo, su insistencia coincide con investigaciones que comprometen al poder político y judicial, lo que refuerza la preocupación sobre sus motivaciones y el posible uso del Ministerio Público para reacomodar fuerzas internas.

La iniciativa de desactivar los equipos supone una grave concentración de poder en la Fiscalía, debilita la lucha anticorrupción y afecta procesos de derechos humanos. Este escenario profundiza la crisis institucional y aumenta las dudas sobre la autonomía real del Ministerio Público bajo su conducción.