La reciente decisión del Congreso de archivar la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, por su presunta responsabilidad en las muertes ocurridas durante las protestas de diciembre de 2022 y febrero de 2023, representa un claro ejemplo de lo que muchos perciben como un “blindaje” político. Con 12 votos a favor y 10 en contra, la Comisión Permanente ratificó la recomendación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de archivar la denuncia presentada por el exfiscal Juan Carlos Villena, que acusaba a la mandataria de homicidio calificado y lesiones graves.

Este acto resalta la división dentro del Congreso, donde las bancadas mayoritarias como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular, Somos Perú y Honor y Democracia votaron en bloque para proteger a la presidenta. Esta decisión no hace más que alimentar la percepción de que el Congreso está protegiendo a Boluarte a pesar de la gravedad de los hechos, lo que ha generado rechazos y críticas por parte de varios sectores, incluidos los de la oposición.

El blindaje político también ha sido observado en la defensa de otros exministros implicados, lo que da lugar a una creciente desconfianza en las instituciones encargadas de velar por la justicia y la transparencia. Varios congresistas opositores han expresado su malestar, calificando la acción como un acto de irresponsabilidad política, alegando que el Congreso no está actuando a favor de los intereses del pueblo, sino para proteger a los miembros del gobierno.

Finalmente, aunque la denuncia constitucional ha sido archivada, la lucha por la justicia sigue siendo un tema candente en la sociedad peruana. Las críticas a la actuación del Congreso son un reflejo de la frustración de un pueblo que exige que se esclarezca la verdad sobre las muertes en las protestas y que se haga justicia.