Juristas formalizaron ante la Corte Penal Internacional (CPI) la ampliación de la denuncia contra la presidenta Dina Boluarte, investigada por la muerte de más de 50 personas y las lesiones de 344 ciudadanos debido a la represión policial en protestas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.

Desde su asunción, Boluarte enfrenta ocho investigaciones. La ampliación de la denuncia, respaldada por 18 juristas, responde a nuevos elementos surgidos desde agosto de 2024, destacando la ausencia de condenas o juicios por estos hechos.

Organismos como la CIDH han señalado el uso excesivo de la fuerza estatal. En noviembre de 2024, el Congreso admitió una denuncia constitucional por homicidio calificado y lesiones graves contra la mandataria.

Además, la Fiscalía de la Nación formalizó 18 investigaciones preparatorias contra 154 miembros de la Policía y el Ejército, mientras Boluarte sigue siendo investigada por violaciones a los derechos humanos en varias regiones del país.