El Tribunal Constitucional (TC) volvió a colocarse en el centro de la polémica al declarar fundado el recurso de agravio constitucional presentado por la defensa de Keiko Fujimori y dejar sin efecto todos los actos procesales del caso ‘Cócteles’, donde la lideresa de Fuerza Popular era investigada por lavado de activos.

Con los votos de cinco magistrados, el TC argumentó que se vulneraron el principio de legalidad y el derecho a un plazo razonable, decisión que en la práctica anula la investigación y borra años de trabajo fiscal. Aunque el fallo aclara que no se pronuncia sobre la inocencia o culpabilidad de Fujimori, su efecto es el mismo: el caso queda archivado y sin posibilidad de reabrirse.

La presidenta del TC, Luz Pacheco, emitió un voto singular al advertir que el tribunal se extralimitó al intervenir en materia penal, función que corresponde al Poder Judicial. Su disenso refleja las tensiones internas y refuerza la percepción de que el máximo intérprete de la Constitución actúa como un escudo político frente a casos de corrupción.

Según el constitucionalista Wilber Medina, la resolución “anula penalmente el caso a foja cero” y podría extenderse a otros procesos similares, lo que abre la puerta a un nuevo precedente de impunidad bajo el argumento de la predictibilidad jurídica.

El fallo, visto por amplios sectores como un nuevo blindaje judicial, evidencia una vez más cómo el poder político y las influencias partidarias continúan marcando el rumbo de la justicia peruana.