Este miércoles 27 de agosto de 2025, un operativo de allanamiento fue llevado a cabo en la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, en San Borja, Lima. La operación, realizada por el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP), comenzó en las primeras horas de la mañana y se extendió hasta casi las 9 de la noche.

El allanamiento fue dirigido por el fiscal Raúl Guerrero Quispe, del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop). Durante el operativo, cinco fiscales ingresaron a la propiedad sin oposición, tras ser recibidos por un familiar de Nicanor.

Este procedimiento forma parte de una investigación preliminar sobre una presunta organización criminal, distinta al caso ‘Los Waykis en la sombra’. La Fiscalía busca incautar documentos relevantes para las pesquisas, las cuales también incluyen diligencias en 14 lugares, uno de ellos en Ayacucho.

El operativo se produce en medio de una controversia relacionada con el actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, quien, según la Fiscalía, sería el líder de esta organización delictiva. Se le acusa de haber formado un grupo para cometer delitos contra la administración pública, con el objetivo de obtener beneficios económicos a través de cargos públicos.

La investigación también vincula a Nicanor Boluarte, a quien se le señala como “tercero vinculado” en el caso. Según las autoridades, Boluarte habría recibido favores de Santiváñez y otros involucrados, en un supuesto conflicto de intereses relacionado con la minera ‘El Dorado’.

La defensa de Nicanor Boluarte, encabezada por Luis Vivanco, negó las acusaciones, calificando el allanamiento como un abuso innecesario. A pesar de ello, César Linares, defensor público de Boluarte, aseguró que su cliente mostró disposición a colaborar y a ejercer su derecho a una defensa privada.

Este operativo ocurre en paralelo a la investigación del caso ‘Los Waykis en la sombra’, en el cual Nicanor Boluarte está siendo investigado por presunta vinculación con una red criminal que habría colocado personas en puestos clave del Estado. Aunque un tribunal rechazó en enero de 2025 la prisión preventiva contra él, la investigación sigue abierta.