El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó la reciente Ley de Amnistía como un “retroceso en la búsqueda de justicia” y una violación a los estándares internacionales que prohíben expresamente este tipo de medidas. Türk pidió que la norma, que beneficia a procesados y condenados por graves delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno, sea revertida de inmediato.

La condena internacional ha sido respaldada por Human Rights Watch, Amnistía Internacional, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y diversas organizaciones civiles, que advierten que la ley pone en riesgo casos emblemáticos como las masacres de Putis, Barrios Altos y La Cantuta. Según HRW, la norma “socava décadas de esfuerzos por asegurar justicia” y constituye una traición a las víctimas.

Desde el Perú, familiares de las víctimas han denunciado que la amnistía “oficializa la injusticia” y abre la puerta a la impunidad. Gisele Ortiz, hermana de una de las víctimas de La Cantuta, cuestionó la complicidad entre las instituciones del Estado y calificó como “miserable” la presencia de Juan Rivera Lazo —condenado por crímenes contra los derechos humanos— en la ceremonia de promulgación encabezada por la presidenta Dina Boluarte.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado peruano no aplicar la ley, pero el Ejecutivo la promulgó el 14 de agosto, defendiendo su validez bajo el argumento de “reivindicar” a policías y militares que combatieron al terrorismo. Boluarte, además, acusó a la CIDH de pretender interferir en la soberanía nacional.