La Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolvió suspender a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por un período de seis meses debido a su negativa a acatar la orden de restituir a Patricia Benavides en el cargo, una atribución que corresponde a la Junta de Fiscales Supremos.

La medida fue tomada tras un breve debate en el que Espinoza no participó, argumentando que el procedimiento era arbitrario y vulneraba sus derechos. La resolución fue emitida después de una intervención polémica en la que la defensa de Espinoza solicitó la recusación de una de las consejeras de la JNJ, por considerar que existía un conflicto de intereses.

La decisión de la JNJ fue respaldada por varios sectores, pero también generó protestas, tanto dentro como fuera del Ministerio Público, con grupos de manifestantes expresando su rechazo y denunciando lo que consideran un ataque a la independencia del Ministerio Público.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) condenó la medida, argumentando que la suspensión confirma el copamiento institucional en marcha, lo que debilita la democracia y pone en riesgo la autonomía de los órganos judiciales en el Perú.