La reciente decisión del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que favorece a Keiko Fujimori al levantar las restricciones impuestas en su caso, refleja una realidad preocupante sobre la aplicación de la Ley 32130, aprobada por el Congreso. Si bien la norma establece un límite temporal para las medidas cautelares, lo que aparentemente otorga un beneficio directo a la lideresa de Fuerza Popular, no se puede pasar por alto que esta decisión está siendo tomada en un contexto legal ambiguo, ya que la medida sigue siendo, en esencia, una maniobra legal que deja la puerta abierta a la absolución de Fujimori sin resolver el fondo de las acusaciones.

El juez Wilson Verátegui Gálvez justifica su resolución al indicar que la Ley 32130 establece mayores beneficios para Fujimori, pero no se menciona de manera contundente si dicha ley está siendo utilizada de manera apropiada o si, por el contrario, se está aprovechando una laguna legal en favor de una persona que, al menos en el caso Cócteles, sigue siendo objeto de una investigación por lavado de activos. Es alarmante que este tipo de medidas se basen en normas que no son claras en cuanto a su aplicación, especialmente cuando involucran a figuras políticas con antecedentes problemáticos.

Además, el hecho de que Fujimori aún se encuentre a la espera de una decisión crucial del Tribunal Constitucional (TC) plantea una cuestión fundamental: ¿realmente se está buscando justicia en este caso, o se está favoreciendo a una figura política que podría eludir las consecuencias de sus actos? La tendencia de los magistrados del TC a inclinarse a favor de la lideresa de Fuerza Popular, aunque no es definitiva, refleja un patrón preocupante de parcialidad que podría llevar a la impunidad.

El escenario no solo es problemático desde un punto de vista legal, sino también desde una perspectiva ética y política. Si se permite que las leyes y los procedimientos judiciales sean manipulados para beneficiar a figuras políticas, esto socava la confianza pública en el sistema judicial y alimenta aún más la desconfianza en las instituciones del país. La decisión sobre el caso de Keiko Fujimori no debe ser un simple trámite legal, sino un acto que refleje el compromiso con la justicia y el Estado de derecho, sin importar el peso político o la influencia de los involucrados.