La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) retiró oficialmente del proceso de las elecciones generales 2026 la candidatura de Martín Vizcarra a la primera vicepresidencia por el partido Perú Primero.
El exmandatario calificó la medida como una “nueva arbitrariedad”, denunciando que se vulnera su derecho a participar políticamente y el de los ciudadanos a elegir libremente.
En un comunicado difundido este sábado, Vizcarra informó que su agrupación ha presentado recursos legales para revertir la decisión y anunció que continuará una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según explicó, el objetivo es detener lo que considera una persecución política en su contra.
“No nos van a doblegar. Vamos a seguir trabajando por el Perú que queremos”, afirmó el expresidente, recordando que pese a su inhabilitación impuesta por el Congreso en 2021, mantiene activa su participación política como líder y fundador de Perú Primero.
Tras la exclusión de Vizcarra, Perú Primero confirmó que continuará en la contienda electoral con una nueva fórmula presidencial encabezada por Mario Vizcarra, acompañado por Carlos Illanes Calderón como primer vicepresidente y Judith Mendoza Díaz como segunda vicepresidenta.
El partido señaló que esta decisión busca preservar la unidad interna y garantizar la presencia del movimiento en las elecciones de 2026.
“El proyecto que nació del pueblo seguirá siendo del pueblo”, indica el pronunciamiento difundido por la agrupación.
Mario Vizcarra, médico y dirigente del sur del país, destacó que su plan de gobierno se centrará en la descentralización y la recuperación económica, dos de los ejes programáticos que identifican a Perú Primero desde su fundación en 2021.
La decisión de la ONPE se produce en un contexto adverso para el exjefe de Estado, luego de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobara el informe final que recomienda acusar constitucionalmente a Martín Vizcarra y a la exministra de Salud Pilar Mazzetti por el caso “Vacunagate”.
El documento sostiene que ambos habrían recibido de manera irregular dosis de la vacuna Sinopharm durante la pandemia de la COVID-19, configurando un presunto delito de concusión.
La votación del informe obtuvo 11 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, y será remitido a la Comisión Permanente antes de su debate en el Pleno.
De ratificarse la acusación, Vizcarra enfrentará una nueva etapa de responsabilidades políticas y judiciales, en uno de los mayores escándalos sanitarios de su gestión.