El Gobierno de Dina Boluarte vuelve a generar polémica con la designación de Juan José Santiváñez como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, en reemplazo de Enrique Alcántara. El nombramiento, oficializado este sábado 23 de agosto, ha despertado cuestionamientos por los antecedentes y el perfil político del funcionario.

Santiváñez, quien en marzo fue censurado por el Congreso cuando ocupaba el cargo de ministro del Interior, actualmente enfrenta una orden judicial de impedimento de salida del país por 18 meses debido a una investigación por presunto tráfico de influencias. Pese a ello, retorna al Consejo de Ministros como figura clave en la estrategia del Ejecutivo frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Diversas fuentes señalan que su papel será impulsar la posición del Gobierno contra las medidas dictadas por el organismo internacional, que ordenó al Estado peruano abstenerse de aplicar la cuestionada Ley de Amnistía aprobada en favor de policías, militares y rondas campesinas acusados de violaciones a los derechos humanos entre los años 1980 y 2000.

El propio Santiváñez, antes de su censura, había insinuado en el Congreso la conveniencia de retirar al Perú de la Corte IDH, lo que refuerza las sospechas de que su llegada a Justicia responde a un propósito político.

El nombramiento se da, además, en un contexto de tensión: el expresidente Martín Vizcarra denunció que su traslado al penal Ancón II fue por decisión política, mientras que la ex primera ministra Betssy Chávez reclama maltratos en el penal de Chorrillos. Ambos casos involucran directamente al Ministerio de Justicia, que ahora queda bajo el control de un ministro con serios cuestionamientos.

Con este cambio, Dina Boluarte muestra nuevamente que su prioridad no es fortalecer la institucionalidad democrática, sino blindar su gobierno frente a investigaciones y organismos internacionales que cuestionan sus políticas.