Puno vive una profunda crisis policial. Cuarenta y cinco agentes de la Policía Nacional han sido sentenciados por asaltos y pertenencia a bandas criminales, mientras que más de mil están bajo investigación por delitos como robo, extorsión, tráfico de drogas y violencia familiar, según denuncian las rondas urbanas de Juliaca.

Orlando Sanga Yampasi, integrante de la Mesa de Seguridad Ciudadana, advirtió que la institución policial estaría ocultando información para “proteger su imagen”, evitando publicar estadísticas completas que permitan un control ciudadano y una acción efectiva contra la corrupción interna.

Las denuncias también señalan que la Inspectoría no aplica sanciones debido a un “espíritu de cuerpo” que protege a los infractores. Muchos casos, según Sanga, se archivan gracias a la intervención de fiscales, jueces o compañeros de la propia institución.

Ante esta situación, representantes de rondas urbanas y dirigentes de Juliaca viajaron a Lima para exigir al Congreso y al Ministerio del Interior medidas concretas. Hasta ahora, solo han recibido promesas de citar al general Luis Fernando Reátegui Lazarte, pero sin resultados ni pronunciamientos oficiales.

Entre los señalados, se menciona al coronel Raúl Acosta Vera, jefe policial de Juliaca, acusado de encubrir a efectivos vinculados a delitos. El Ministerio del Interior, por su parte, envió a un viceministro que presentó medidas paliativas, sin un plan de reestructuración real, lo que los dirigentes calificaron como una burla.

Las rondas urbanas anunciaron que seguirán organizándose para enfrentar la inseguridad y presionar por reformas profundas que devuelvan la confianza en la Policía Nacional y garanticen justicia en Puno.