El Tribunal Constitucional (TC) acaba de darle un respiro a Dina Boluarte: las investigaciones fiscales en su contra quedarán suspendidas hasta que culmine su mandato en julio del 2026. Con esta decisión, la mandataria no podrá ser indagada por casos como los Rolex, el encubrimiento de Vladimir Cerrón, las muertes en protestas y la denuncia por abandono de funciones.

El argumento del TC es que las diligencias “menoscaban las competencias” de la presidenta; sin embargo, el fallo termina blindando a Boluarte en el cargo y enviando un mensaje preocupante: el presidente de la República, sea quien sea, puede estar bajo sospecha, pero la justicia debe esperar.

La presidenta del TC, Luz Pacheco, intentó justificar la decisión señalando que la sentencia “no mira a la señora Boluarte, sino a quien sea presidente de la República”. No obstante, en la práctica, la mandataria obtiene un escudo temporal que refuerza la sensación de impunidad en un país marcado por la corrupción y la desconfianza hacia sus autoridades.

Con este fallo, Dina Boluarte se convierte en una jefa de Estado intocable hasta el final de su mandato, aunque las investigaciones seguirán acumulándose para cuando deje Palacio de Gobierno. La pregunta que queda abierta es: ¿se trata de garantizar la gobernabilidad o de blindar el poder?