Colombia enfrenta una nueva ola de violencia tras los atentados ocurridos el jueves 21 de agosto en Cali y Amalfi, que dejaron un saldo de 13 muertos y más de 50 heridos.

En Cali, un camión bomba explotó en las inmediaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, provocando dos potentes detonaciones que causaron la muerte de cinco personas entre ellas civiles y más de 50 heridos. El ataque generó pánico en la zona oriental de la ciudad, lo que obligó a las autoridades a instalar un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar la atención a las víctimas. La municipalidad ofreció una recompensa de hasta 400 millones de pesos por información sobre los responsables.

Horas antes, en Amalfi (Antioquia), un helicóptero de la Policía Nacional que daba seguridad a labores de erradicación de coca fue derribado mediante un dron cargado con explosivos. El atentado dejó ocho policías muertos y otros ocho heridos. El gobernador de Antioquia calificó el ataque como un hecho doloroso para la democracia y trágico para las fuerzas de seguridad.

El presidente Gustavo Petro responsabilizó a las disidencias de las FARC por el atentado en Cali y al Clan del Golfo por el ataque en Amalfi. Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el uso del dron habría sido en represalia por la incautación de más de una tonelada de cocaína en Urabá. Petro, desde Valledupar, rindió homenaje a las víctimas y afirmó que el terrorismo es hoy “la nueva manifestación de la junta del narcotráfico”, reiterando que el Estado no se doblegará ante los grupos armados ilegales.